Leche en mal estado, mozzarella contaminada y vino envenenado: cuando en los 90 los argentinos morimos por comer

Ya las habían entregado pero debieron rastrear hasta la última caja para sacarla de la provincia de Buenos Aires: la leche en polvo que el gobierno de Carlos Menem repartía para bebés de meses y que eran parte del «Plan Nacional de Salud Materno Infantil» no era apta para consumo humano. El Código Alimentario establecía como límite máximo 50 colonias de bacterias por gramo. Esta partida tenía 240. El gobierno repartía leche con Escherichia coli.

En 1991, a dos años de haber asumido la presidencia con el 47,3% de los argentinos sumidos en la miseria, el gobierno de Carlos Menem lanzó una licitación con la idea de comprar leche en polvo para la población más vulnerable: bebés pobres. Necesitaba 2 millones de kilos.

La licitación la ganó la única empresa que se presentó, Summum. El dueño era Carlos Spadone, asesor presidencial de Menem. Las dos fabricantes de la leche con las que Summun trabajaba eran Sastre en Santa Fe y Era, en Córdoba. Sastre era de Miguel Ángel Vicco, secretario privado del presidente. Las cajas de leche Jorgiano –así se llamaba- con vaquitas dibujadas en el frente y la leyenda «Plan Nacional Materno Infantil, Ministerio de Salud y Acción Social, prohibida su venta» ya estaban de viaje por el país cuando el 21 de noviembre de 1991 el diario Página 12 publicó su investigación «Mala leche».

47 toneladas de las que desandaban las calles de la provincia de Buenos Aires (se decomisaron en General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Merlo, La Matanza, Morón y Moreno), tenían, según el Instituto Nacional de Farmacología y Bromatología, Escherichia coli, causante de vómitos, diarreas e infecciones urinarias. También era dudoso su valor nutritivo: en muchas de las cajas no figuraba la fecha de vencimiento, que indica el tiempo de degradación de las proteínas.

Por entonces el gobierno anunciaba los proyectos de privatización de las centrales térmicas de Segba (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires), subtes y ferrocarriles y con eso, decía, se haría de 3 millones y medio de dólares. También decía en los medios que el FMI había aprobado un crédito por 3 mil millones de dólares. Cuatro días después el representante del FMI Michel Camdessus, decía que aún había que hacer ajustes y que el presidente Menem había dado por acordado un crédito que aún no estaba.

La partida de leche en mal estado era la 035. Spadone decía que esa no la había distribuido Summum. Acerca de por qué se le dio la licitación a una empresa que importó el 90% de los dos millones de kilos no había respuestas; sólo el 10% se producía en Argentina. Ni Sastre ni Era tenían la capacidad de responder a semejante volumen, por eso importaron desde Europa. Lo develó la investigación judicial que se inició por la denuncia de Simón Lázara, vocero del ex presidente Raúl Alfonsín. Llegaba desde Holanda y desde Francia. En bolsas de 25 kilos, no tenían marca, fecha de elaboración ni vencimiento.

El plan Materno infantil estipulaba que debía ser no menor a seis meses y no debían pasar más de 60 días desde su fabricación hasta que fuera entregada. Los barcos que la traían desde Europa tardaban alrededor de 3 meses en llegar. En los galpones de las fábricas lo que se hacía era fraccionar, envasar y asignarle un número de partida.

Spadone, además de asesor de Menem, socio en su bodega y empresario teatral (era dueño del Lola Membrives y de cuatro teatros en Mar del Plata), era presidente de la Comisión Nacional por la Paz. Por ese cargo tenía contactos con Europa del Este. Según Conicet, algunas partidas presentaban «sustancia radiactiva no natural, compatible con la medida en leche contaminada por el accidente de Chernobyl».

El precio máximo recomendado por el ministerio de Salud para la compra era de 1,16 dólares por kilo. En la licitación se cotizó a 2,70. Spadone ganó cerca de 12 millones de dólares por el negocio. Retirada a tiempo, la leche no llegó a los bebés en Buenos Aires. En otras provincias otras partidas fueron quemadas o entregadas a chiqueros.

Vicco y Spadone renunciaron a sus cargos en 1992 y también lo hizo el ministro de Salud, Avelino Porto, que se presentó como candidato a senador luego. Vicco fue procesado –y luego sobreseído- por estafa, defraudación y venta de alimentos en mal estado. Spadone fue absuelto en 2002 pero un año después revocaron el fallo y fue condenado a dos años y medio de prisión en suspenso y 90 mil pesos de multa.

Pero antes, mientras estaba procesado, cobró un resarcimiento de más de 1 millón de dólares. En 1996, el Ministerio de Salud llegó a la conclusión de que la leche no tenía «aptitud suficiente para dañar o perjudicar en su salud a cualquier persona» y que no se había comprobado la intoxicación.

En 2005 la causa prescribió y se cerró. Entre la indagatoria en 1992 y la acusación en 1998 habían pasado más de 6 años, plazo máximo para el delito que enfrentaba.

Un mes antes de «la leche de Vicco», en octubre de 1991, el presidente Menem firmó el decreto por el que un fabricante de alimentos podía «utilizar el número de trámite o registro y comercializar el producto sin limitaciones hasta la aprobación» de la Autoridad Sanitaria. Podría vender comida sin certificado. La municipalidad de Buenos Aires –lo fue hasta 1996, cuando se eligió jefe de gobierno por primera vez- contaba con 40 inspectores para controlar 150 mil fábricas.

El Código Alimentario Argentino, que se creó en 1969, estipulaba que cada dos años representantes de las provincias –que hasta entonces se regían cada una por su código- se reunirían para actualizarlo al ritmo de los avances tecnológicos.

Dos meses antes del decreto, en agosto de 1991, la Policía Federal secuestró en Lanús 1 millón y medio de latas de puré de tomates que no tenían tomates. Tenían zanahorias o zapallo en mal estado. Para que tuvieran color rojo le ponían Ferrite. Ferrite es óxido de hierro que se usa en la construcción para darle color al cemento. La consistencia se la daban con harina de mandioca.

La denuncia la hizo un hombre que comió ¿tomate? marca Deleite, En el allanamiento se descubrió que a los tomates podridos se los ponía en sal para cortar el grado de putrefacción y que las latas que eran devueltas por estar abolladas se lavaban y rellenaban. De esa fábrica salían 15 mil latas por día.

La leche y los tomates desnudaron la última fecha de actualización del Código Alimentario: había sido en 1977 por decreto y en 1978 por resolución ministerial, medida que se copió en 1991.

Capturadas las cajas de leche fue tiempo de la mozzarella: de un mes para otro la mitad de los porteños dejaron de comer pizza en 1992. Los pizzeros se quejaban por la caída de las ventas y pedían que confiaran en ellos aunque la noticia era que se habían incautado 350 toneladas de queso con materia fecal.

Se estimaba que el 30% de la pizzerías de Buenos Aires y Capital Federal se abastecían con esa mozzarella. En una crónica de la época y sobre la higiene de una fábrica, el diario Clarín hablaba de un gato muerto y gasoil.

Entonces se empezó a hablar del «narcocuajo». Así llamaban a la actividad de las fábricas clandestina de mozzarella que abundaban en Pehuajó, Carlos Tejedor y Bolívar. Con él surge el «juez ecologista»: Daniel Llermanos.

Llermanos, que era juez penal de Lomas de Zamora, se hizo conocido por los allanamientos de la mozzarella con caca, la lavandina adulterada y el agua mineral contaminada. Seis años después del narcocuajo, Llermanos renunció. Varios empresarios lo habían denunciado por pedirles coima. Si le pagaban no inspeccionaría sus fábricas, decían.

Por entonces el 35% de las consultas en los hospitales públicos eran por problemas digestivos. Eso fue hasta agosto de 1992, cuando la guardia del hospital Fernández explotó: en un día recibió 1280 personas que preguntaban lo mismo: ¿me voy a morir?

La noticia en los medios disparó una psicosis: por una «rara enfermedad» habían muerto seis personas en la zona de La Plata. Luego se sumaron en Capital Federal. Página 12decía: «La sorpresa está dada por la virulencia con la que actúa el mal: comienza con un fuerte estado gripal, sigue con dificultades urinarias, parálisis y la muerte en pocos días».

José Pampuro, ministro de salud de la provincia refería a un tipo de virus «que estará emparentado con los fríos de esta época del año».

Pasaron varios días de ver pacientes con la misma secuencia (náuseas, vómitos, mareos, dolor abdominal y riñones que dejaban de funcionar) y los muertos ya eran más de 10, hasta que se descubrió la causa: propóleos. Y de una marca: Huilén. Todos los enfermos habían consumido jarabes y caramelos de propóleos de ese laboratorio.

A la par de la investigación, con allanamiento y clausura del laboratorio, comenzaba una guerra mediática entre los defensores de las terapias convencionales y las terapias alternativas. El presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, Mario Castelli, decía cada vez que podía: «No existen dos clases de medicamento –naturales o no naturales- sino solo una: la de los medicamentos que sirven a la salud». Tres años antes había dicho en una entrevista televisiva que «el propio presidente de la Nación podía estar tomando un medicamento que podía provocarle la muerte» porque la Dirección Nacional de Regulación y Control tenía «sólo 12 inspectores para revisar 3500 productos comerciales».

La confusión y el pánico era tal que en las farmacias los clientes preguntaban temerosos hasta por las flores de Bach. El caso tenía una cara famosa: la actriz Alicia Bruzzo era una de las enfermas. «Un estudio reveló que tenía un 30 por ciento disminuidos los reflejos de las piernas. La lengua se me había quedado como trabada. Además, sufrí una brutal falta de memoria», contó.

Cuando habían encontrado la fuente pero no una razón, el Ministerio de Salud decía que en el mercado había 44 mil frascos del suavizante de gargantas que podía matarnos. En ese momento Argentina era el quinto productor mundial de miel y tres millones de argentinos consumían propóleos.

Una era Cecilia Marcela Vega. Se había ido de vacaciones a Italia y en su cartera llevaba el jarabe. No había teléfonos celulares ni mail. Desesperados, sus padres dieron aviso a la embajada y la embajada a la policía italiana que alertó a radios y televisión. Cecilia finalmente llamó a casa y pudo enterarse.

En la elaboración de propóleos se usa propilenglicol, un diluyente atóxico. En los frascos que habían tomado los fallecidos los peritos encontraron dietilenglicol, alcohol que sirve para diluir la cera y se usa como anticongelante en los automóviles. El Ministerio de Salud decía que Huilén no había controlado la entrega errónea de su proveedor norteamericano. Mabel Aparicio, la dueña, decía que además de que le compraba el propilenglicol a Europa y no a Estados Unidos, si la contaminación hubiese sucedido en la fábrica «tendría que haber 14 mil enfermos». Cada partida tenía 5000 frascos. Cada frasco lo consumían entre 3 y 4 miembros de un grupo familiar.

Al tiempo que quedó probado que las dosis diferían de un frasco a otro -iban desde 1 hasta 80% de contaminación- el secretario de Salud Alberto Mazza decía que Huilén no tenía certificado de habilitación -que sí tenía- y que los controles en bocas de expendio no se hacían desde hacia 20 años.

En 1992 y en el lapso de un mes, 23 personas murieron por propóleos contaminados. La dueña de Huilén y el director técnico fueron sobreseídos en 1999. Se comprobó que había sido un sabotaje: no se encontraron restos de dietilenglicol en ninguno de los tambores del laboratorio. Nunca se supo quién fue.

Para cuando salió el fallo, Huilén ya había sido desmantelada y Aparicio trabajaba en un laboratorio en Uruguay. Desde allí dijo en una entrevista que dio a Clarín: «Fue el precio que pagué por ir en contra de la época: era 1992, iban a empezar las privatizaciones. Había que demostrar que los empresarios argentinos éramos inútiles y poco serios y ceder nuestras empresas».

El rebrote del cólera en el verano de 1993 compartía espacio en las tapas de diarios con la reforma constitucional que Menem impulsaba para su reelección. A sólo dos meses de iniciado el año ya eran 33 los muertos por la epidemia. Hasta que llegó el alcohol y ocupó todo: «Seis muertos por el vino envenado en Ensenada».

Aunque dijeron que al tomarlo le sintieron «un olor demasiado fuerte» y el blanco tenía un color «más oscuro que el habitual», a los que bebieron vino adulterado Soy Cuyano y Mansero recién cuando vieron borroso se les encendió la alarma. Era el primer síntoma. Luego perdían el equilibrio. Le seguían unos dolores abdominales insoportables y vómitos. Muchos de los que se salvaron quedaron con daños neurológicos permanentes. Otros tantos, ciegos.

El precio promedio de una damajuana era de 5 pesos. Estas que comercializaba la bodega Nietos de Gonzalo Torraga, de San Juan, salían 3,50. Para mantener la graduación alcohólica del vino que «estiraban» con agua, en la bodega sanjuanina Nietos le agregaron alcohol metílico.

Mientras la policía buscaba al bodeguero prófugo Mario Torraga, la bodega seguía produciendo. Cuando los muertos llegaron a 20, Menem ordenó el cierre y el juez sanjuanino la clausuró. Torraga se entregó cuando las víctimas ya eran 25. Él, su hijo Guillermo y el enólogo fueron condenados por adulteración seguida de muerte a 15, 6 y medio y 10 años respectivamente.

Entre Soy Cuyano y Mansero mataron a 27 personas y más de 100 estuvieron internadas. Seis meses después murieron 19 más cuando en Laferrere el vino envenenado volvió pero con otras marcas: Aspirante, Caravana e Isla Maciel. 2500 damajuanas fueron retiradas de circulación pero ya era tarde. Las muestras analizadas en las casas de los muertos encontraron, de nuevo, alcohol metílico. El culpable era un distribuidor. En su depósito en Merlo mezclaba agua, alcohol etílico, glicerina y edulcorante. De 1000 litros hacía 1000 damajuanas de 5 litros: 5 veces más.

La avioneta que recorría Berisso con un parlante pedía a los vecinos que no compraran vino suelto. En el hospital Materno Infantil Teresa Germani los médicos «emborrachaban» a los pacientes con alcohol etílico. Era el antídoto: el etílico ayuda al cuerpo a eliminar el alcohol metílico.