«Un Cornejo tardío y apurado nos pone a todos en emergencia»
El senador provincial de La Unión Mendocina Martín Rostand criticó al gobernador por la demora que ha habido en actuar en torno al aluvión que devastó las centrales hidroeléctricas Nihuil II y III sucedido el 11 de enero de este año.
El legislador, manifestó una nota de opinión, la cual compartimos a continuación:
El 11 de enero de 2025, un aluvión devastó las centrales hidroeléctricas Nihuil II y III, dejando al sur de Mendoza sumido en una crisis energética que paralizó la economía de San Rafael, Malargüe y General Alvear. Cuatro meses después, el gobierno de Alfredo Cornejo presentó un proyecto de ley (Expte. 81675) para declarar la emergencia en Los Nihuiles, pero lo hizo con una demora injustificable y un trámite legislativo tan exprés que despierta más dudas que confianza. Este manejo, marcado por retrasos iniciales y una urgencia de última hora, refleja una administración que actúa tarde y apurada, poniendo en riesgo la seguridad energética de la provincia.
El proyecto ingresó a la Legislatura el lunes 5 de mayo de 2025, tomó estado parlamentario el martes 6, y ese mismo día, mientras se sesionaba, llegó la invitación para una reunión conjunta de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Hacienda y Presupuesto (HP) y Hidrocarburos, Energía y Minería (HEyM). El miércoles 7 se realizó la reunión de comisiones, y el jueves 8, a las 12:00, el oficialismo firmó un despacho favorable.
Este proceso, comprimido en apenas cuatro días, con menos de 24 horas disponibles entre la toma de estado parlamentario y la reunión de comisión para el estudio y discusión, contrasta con los 115 días que el gobierno tardó en reaccionar al desastre. La celeridad legislativa, lejos de ser un signo de eficiencia, parece un intento de compensar la inacción previa, pero a costa de un debate insuficiente.
Como oposición, intentamos presentar un despacho en minoría que proponía auditorías independientes, límites presupuestarios y plazos claros para las concesiones, pero no pudimos hacerlo debido a la premura del trámite. Esta exclusión silenció propuestas que habrían fortalecido la transparencia y el control, dejando al proyecto en manos de un oficialismo que priorizó la obediencia al Ejecutivo sobre el interés público.
La vaguedad de los artículos 2 y 3, que prorrogan las concesiones de HINISA y HIDISA sin plazos definidos ni auditorías, es particularmente alarmante. Esta redacción ambigua podría permitir una intervención indefinida sobre las concesiones, beneficiando a privados sin garantizar el bienestar de los mendocinos.
A pesar de estas falencias, desde la oposición votamos a favor del proyecto en general, reconociendo la necesidad de declarar la emergencia para desbloquear recursos. Sin embargo, nos opusimos a los artículos 6 y 7, que extienden la emergencia al sistema Diamante sin justificación clara. El artículo 1 declara la emergencia específicamente para Los Nihuiles, por lo que incluir a Diamante genera confusión y sugiere intenciones que van más allá de la crisis actual. Esta ambigüedad legislativa, sumada a la falta de undiagnóstico detallado y cronogramas de reparación, refleja una gestión reactiva y cortoplacista.
El apagón del 19 de marzo, causado por el colapso de la línea Capiz-Anchoris, expuso las debilidades de una infraestructura energética desatendida durante años.
La inversión de 32 millones de dólares anunciada por la ministra Jimena Latorre es un paso positivo, pero llega tarde y no compensa la ausencia de planes de contingencia previos. Las respuestas a los pedidos de informes, plagadas de contradicciones, refuerzan esta percepción: mientras la DPV afirma que la Ruta 173 estuvo «siempre habilitada», admite sectores intransitables; y el Ministerio de Energía evade detalles sobre plazos y diagnósticos técnicos.
La transferencia del Fideicomiso FOPIATZAD a Mendoza Fiduciaria S.A., con menos controles legislativos, agrava las sospechas de opacidad. En un contexto de emergencia, la gestión de fondos debería ser impecable, pero estas maniobras permiten conjeturar sobre una priorización de intereses privados sobre el bien común.
Mendoza necesita una política energética que anticipe eventos climáticos extremos, diversifique fuentes de energía y garantice transparencia. En cambio, el gobierno de Cornejo ofrece parches legislativos y un trámite apresurado que no resuelve los problemas estructurales.
La crisis de Los Nihuiles es una prueba de liderazgo que el gobernador no ha superado. Como siempre, Cornejo piensa más en la próxima elección que en las próximas generaciones.
El gobierno debe abandonar las prisas oportunistas, escuchar a la oposición y liderar con visión a largo plazo. La energía es soberanía y desarrollo, y no puede gestionarse con improvisación.
Mendoza merece un gobierno que actúe a tiempo, con claridad y compromiso, porque la verdadera emergencia no es solo el barro en los Nihuiles, sino la confianza que se desvanece en las instituciones.
Diario Mendoza Sur
