La suspensión de matrículas a los anestesiólogos podría afectar las cirugías en el sector privado

Tras la Ley de Emergencia en Anestesiología que se declaró en la provincia, la Salud no ha logrado eliminar las diferencias entre el Gobierno y los profesionales.

Los anestesiólogos y el Estado, se encontraron en diversas reuniones pero ninguna logró un resultado positivo que ponga fin a la grave situación que se vive. Recordamos que la jueza del Primer Tribunal de Gestión Asociada María Paz Gallardo convocó al Ejecutivo y al vocero Arturo Salassa, que representa a los anestesiólogos autoconvocados a una audiencia conciliadora, la cual no pudo concretarse tras la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte de los profesionales de la salud.

Tras este panorama, los anestesiólogos que prestan servicio en la parte privada expusieron que las inhabilitaciones para ejercer la especialidad, podrían afectar a las cirugías que se desarrollan en el espacio privado de la salud en Mendoza. Lo que solo causaría un mayor problema, recordando que solo en el ámbito público son más de 6 mil las cirugías pendientes.

Los prestadores emitieron un comunicado y expresaron: “La medida tendrá un impacto sin precedentes, ya que 65 de los 68 médicos anestesiólogos pasibles de suspensión de matrículas, desarrollan actividades profesionales en el subsector de salud privado provincial, circunstancia esta conocida y subestimada por el Ministerio que promueve las sanciones. Funcionarios responsables de resguardar la salud de todos los mendocinos, tanto en las instituciones públicas como las privadas».

Además, en el escrito advirtieron que las bajas que se den en los puestos de trabajo por sumarios, no podrán ser reemplazado por el resto de los profesionales y como consecuencia se generaría un grave vacío asistencial a la población, situación que debe resguardar el Estado.

Los anestesistas solicitan a quienes están a cargo de las negociaciones que se “antepongan a cualquier interés o especulación política, el valor SALUD como derecho humano fundamental inherente a toda persona, íntimamente vinculado con el derecho a la vida”.

Diario Mendoza Sur

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