Desde el SUTE sostienen que no están dadas las condiciones para el inicio de clases
Este miércoles 20 de enero, se llevó a cabo en Casa de Gobierno una reunión entre autoridades de la DGE, representantes del SUTE y el Ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta.
«Allí, en nombre de los trabajadores de la educación de la provincia, presentamos un informe con la dramática situación del sector, producto de las políticas de ajuste del gobierno y también la situación salarial de quienes sostenemos las escuelas», apuntaron desde el SUTE.
«Además, volvimos a ratificar que no están dadas las condiciones para el inicio, ni presencial ni virtual, del ciclo lectivo. Solicitamos que Nación actúe ante los atropellos del gobierno de Suárez y esperamos respuestas urgentes a nuestras justas demandas: condiciones dignas para aprender y enseñar y salarios dignos para vivir para todos», agregaron.
Ante las disconformidades mencionadas, el sindicato le elevó una carta al ministro Trotta que a continuación compartimos en forma completa:
AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN
NICOLÁS TROTTA
El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), en ejercicio de la legítima representación del colectivo de trabajadores/as de la educación de la provincia de Mendoza, se dirige a Ud. a los efectos de hacerle conocer la grave situación por la que atravesamos.
A la situación de pandemia, con todas sus dificultades y consecuencias por todos/as sabidas, se sumó la decisión unilateral del gobierno provincial de dar por cerrada la paritaria salarial 2020, aprovechando la cuarentena y negándose de manera sistemática a la reapertura de la misma. Esto nos llevó a recurrir a la Justicia Laboral, que obligó a través de un fallo de la 7ª Cámara del Trabajo a reabrir la discusión. Una vez reabierta la paritaria, el gobierno se presentó con una propuesta de aumento cero para recomponer el salario perdido que, hasta la fecha, llega al 36%. Esta actitud de desprecio hacia los derechos de los/as trabajadores/as, motivó la reacción de nuestros miembros paritarios y de la propia Subsecretaría de Trabajo de la provincia, que intercedió para establecer una nueva audiencia donde el gobierno ofreciera alguna propuesta de recomposición.
En esa nueva reunión, la patronal presentó una propuesta de cero pesos para la recomposición de los salarios 2020 y de un aumento del 20% en tres tramos para 2021, acompañado por una suma en negro (no remunerativa ni bonificable) de $54.000 a pagar en 12 cuotas. Si ya es aberrante que el gobierno, que debe velar por el trabajo registrado, pague sumas en negro, peor es aún que, en clara violación de la resolución judicial que lo obliga a negociar aumento salarial para 2020, dé por cerrada toda posibilidad de recomposición.
Esta situación ha llevado a que los salarios de los/as trabajadores/as de la educación de Mendoza sean de los más bajos del país: una maestra que recién se inicia no llega ni siquiera a los $ 27.500 fijados por la paritaria nacional. De este modo, el gobierno incumple con dicha paritaria, a pesar de que el Director General de Escuelas, José Thomas, es firmante de la misma. O bien, caso más dramático, una celadora no alcanza los $18.000, salario de pobreza si lo comparamos con el valor de la CBT (Canasta Básica Total). Tenemos salarios congelados desde diciembre de 2019 a la fecha.
Además, existen deudas por parte del gobierno en concepto de ayuda de útiles y el pago de la vestimenta para celadores/as. Todo esto, en el marco de que el peso total de la educación en la virtualidad recayó sobre los menguados bolsillos docentes, sin que el gobierno aportara absolutamente nada, excepto amenazas y persecución.
Un párrafo aparte merece el descarado ataque mediático impulsado desde las máximas autoridades de la provincia, el Ministro de Gobierno Ibáñez y el mismísimo gobernador, Rodolfo Suárez, contra nuestro sindicato y sus decisiones a través de los organismos democráticos establecidos por nuestros estatutos. Las acciones del gobierno se encuadran en lo que la ley 23.551 tipifica como “práctica desleal” y “mala fe negocial”. Es decir, una clara violación de la legislación vigente en cuanto a las paritarias como ámbito de discusión democrática de partes, de la progresividad de los acuerdos paritarios y contraria a la imposición de la más fuerte; en este caso, quien maneja los resortes del Estado. Así mismo, se ha faltado el respeto a la legitimidad de los/las representantes gremiales, mostrando supuestas mesas de diálogo con entidades que no tienen representación legal y con individualidades funcionales al gobierno.
Durante el transcurso del 2020, el gobierno de la provincia no realizó tareas de reparación ni de mantenimiento de los edificios escolares que ya arrastraban serios deterioros y deficiencias. Tampoco se invirtió en preparar los mismos para la situación de pandemia. Esto se traduce en establecimientos que no tienen garantizada la provisión de agua potable, que no tienen baños suficientes ni en condiciones para el conjunto de sus estudiantes. Las aulas, en general, en nuestras escuelas se encuentran superpobladas por una política deliberada de recortar inversión, a través del cierre de secciones. Por todo esto, es muy difícil cualquier intento de retorno a la presencialidad en pandemia, ya que no están dadas las condiciones necesarias de distanciamiento. El derecho a la educación no se garantiza con situaciones edilicias deficitarias.
Desde el gobierno provincial se viene anunciando la vuelta a la presencialidad, lamentablemente con el apoyo de las autoridades educativas nacionales, sin tener en cuenta el rebrote de la enfermedad en curso y la falta de disponibilidad de vacunas para inmunizar a los/as trabajadores/as. El regreso a las aulas no puede ser el resultado de una decisión demagógica, tomada en un año electoral, y que no contemple los riesgos que esto presenta, así como también las experiencias realizadas en otros países, en los que se tuvo que volver atrás con decisiones de este tipo. Así como CTERA será parte de la discusión en la paritaria nacional, como sindicato exigimos ser parte de esta discusión en la provincia: de la evaluación de las verdaderas condiciones de las escuelas, de la situación concreta en la evolución de la pandemia, así como la vacunación en el sector para determinar la viabilidad del retorno a la presencialidad sin poner en riesgo a estudiantes, a sus familias y nuestros/as compañeros/as docentes y celadores.
Como SUTE, decimos con absoluta seriedad y claridad que en las condiciones actuales es impensable retornar a la presencialidad. Más aún, no están dadas las condiciones para el inicio de las clases ya que seguimos con salarios muy lejos del valor de la canasta familiar y el gobierno sigue negándose a negociar los salarios en paritaria, imponiéndonos por decreto un aumento indigno y con montos en negro que desfinancia jubilaciones y la obra social. Tampoco se han dispuesto partidas para financiar la conectividad y se han reducido las partidas dedicadas a infraestructura. No existen los elementos de bioseguridad en los establecimientos que permitan que las familias puedan enviar a sus chicos/as a la escuela sin que eso signifique el serio riesgo de enfermar y contagiar. No hay una evaluación seria de la evolución de la llamada segunda ola y su proyección para el mes de marzo. Se adelanta el inicio de la presencialidad para las llamadas trayectorias débiles para el 10 de febrero, modificando condiciones de trabajo sin discusión en al ámbito paritario. Con ello se vulneran derechos laborales y se profundiza la desigualdad educativa.
Por último, pero no menos importante, es que no podemos dejar de señalar y de denunciar la vigencia del ítem aula. Esta medida, impuesta por decreto y luego ratificada por el Poder Legislativo, venía a ser la clave de las mejoras en la calidad educativa según los discursos del gobierno. En los hechos, ha quedado demostrado que no obtuvo resultado positivo alguno sobre la educación, sino todo lo contrario: ha sido una herramienta de disciplinamiento y de precarización laboral para los/as docentes, ya que cercena derechos conquistados previamente e impone un nuevo presentismo al previamente existente.
En estas condiciones, en Mendoza no hay inicio de clases ni presenciales ni virtuales. Está en manos de las autoridades provinciales y nacionales el dar respuesta satisfactoria a nuestras urgentes y justas demandas que tienen que ver con nuestras condiciones salariales y laborales, así como también con el necesario aumento del presupuesto para la educación que permita escuelas equipadas, dignas y seguras, materiales didácticos y conectividad e insumos suficientes para evitar contagios.
Diario Mendoza Sur
