En la gestión de Cambiemos ya se pagaron más de 2 millones de pesos en recompensas: cuánto ofrecen por los prófugos que quedan

Se movió con sigilo. Actuó casi como una investigadora policial. Esperó el momento justo y cuando tuvo la oportunidad lo filmó con su celular. La vecina que reveló el paradero de Oscar Thomas, prófugo durante 48 días en la causa de los cuadernos, entregó esa hasta ahora desconocida filmación. Lo hizo para respaldar su denuncia telefónica al 134, una vez que se entrevistó, al día siguiente, con los agentes del programa BUSCAR, según pudo reconstruir Infobae.

Las fuentes consultadas rechazaron aportar más precisiones. ¿La astuta vecina es en realidad una mucama que limpió el departamento N° 27 del tercer piso en Uriburu 1044 y que en un descuido de Thomas lo filmó en su autoimpuesta reclusión? ¿O se trata, efectivamente, de una vecina? ¿Cómo logró retratarlo si al parecer el entonces fugitivo nunca abandonó aquella vivienda de Barrio Norte?

Las circunstancias en que la mujer obtuvo esa prueba clave, que el martes condujo a la detención del ex titular de la Entidad Binacional Yacyretá, imputado por el pago de coimas millonarias durante el kirchnerismo, quedarán como un enigma.

Pese a su pericia para identificarlo en video, la mujer no podrá cobrar los $500.000 de recompensa de forma inmediata. Deberá esperar un dictamen del fiscal Carlos Stornelli que avale que la información por ella aportada resultó imprescindible para su captura.

Sólo después de ese trámite judicial recibirá los $500.000 en efectivo en la sede del Ministerio de Seguridad. Así lo establece la ley 26.538, sancionada en 2009, que regula la normativa del Fondo Permanente de Recompensas para hallar fugitivos o aportar información que permita resolver delitos complejos. La corrupción es uno de ellos, en los otros casos se trata de investigaciones por narcotráfico, lavado de activos, asociación ilícita, secuestros extorsivos, homicidios, abuso sexual y femicidios, entre otros delitos.

La identidad de la informante permanecerá bajo estricta reserva. Sólo el Escribano General de la Nación, Carlos D´Alessio, sabrá su nombre al momento del pago. D´Alessio deberá cotejar el código alfanumérico que se le brindó a la mujer al momento de identificar el inmueble con sus datos personales reservados en una caja fuerte, en la cartera que dirige Patricia Bullrich.

«La rapidez para efectuar el pago depende de la celeridad con la que responda cada juzgado», precisa la abogada María Emilia Marty, Coordinadora del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia, más conocido como Buscar. «Por lo general, una vez recibido el oficio el trámite demora unos tres meses. Pero siempre estamos sujetos a lo que determine el Ministerio Púbico Fiscal».

Durante la gestión de Cambiemos, ya se gratificó con un total de $ 2.315.000 a seis personas que cobraron recompensas por montos que oscilaron entre los $100.000 y $500.000. En cuatro de esos casos los informantes permitieron ubicar a prófugos en antiguas causas por delitos de lesa humanidad durante la dictadura y la retribución se rigió bajo el amparo de la ley 26.375, sancionada en 2008.

Los datos brindados por cuatro individuos, a los que se les pagó por su cooperación en 2017, permitieron las capturas de los ex inspectores de la Policía Federal Ramón Recio y Gerardo Arráez; del militar Hugo Luis Zalazar y de Eduardo Salvador Ullúa, miembro de Concentración Nacional Universitaria (CNU), una organización vinculada a la Triple A.

Los dos casos más recientes de recompensas ofrecidas y cobradas tuvieron una fuerte repercusión mediática y fueron en causas por asociación ilícita y contrabando aduanero y en otra por homicidio agravado.

La más conocida fue un caso digno de manual. Un vecino de Chapadmalal observó en una nota dominical en el diario La Nación las fotos de los hombres más buscados. Un rostro le pareció familiar. Era el del cuñado de Julio De Vido, Claudio «El Mono»Minnicelli, con pedido de captura librada por el juez Marcelo Aguinsky en la causa de la mafia de los contenedores.  Minnicelli había estado prófugo durante nueve meses. Vivía en una modesta pieza cerca de Batán y se movía sin llamar la atención en el barrio cuando el vecino lo identificó y alertó a las autoridades. Tres meses después de delatarlo, se alzó con los $250.000 de recompensa.

El otro es el de Edgar Romero Ruíz Díaz, sospechado de ser el homicida del joven modelo publicitario Diego Rodríguez, ultimado en 2010 en el barrio de Liniers cuando una banda intentó robarle su camioneta. Ruíz Díaz se refugiaba en su país natal, Paraguay.  Alguien avisó a los investigadores que hacía siete años se ocultaba en Ciudad de San Lorenzo, en ese país. Su captura internacional le permitió al delator cobrar la recompensa de $500.000 en enero de este año, seis meses después de su detención.

Datos del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE) indican que a la fecha existen 47.356 prófugos de la justicia. Aunque esa amplia nómina la integran tanto violadores y asesinos como deudores de cuotas alimentarias.

En la página del programa Buscar figuran las recompensas para aquellos que aporten información conducente para esclarecer delitos, dar con el paradero de fugitivos o para encontrar personas extraviadas.

Dos millones por datos sobre Maldonado

Durante el caso Maldonado, que ofreció una recompensa de $2 millones—la más alta hasta ahora—, a quien aportara datos sobre el paradero del joven tatuador, 164 personas se comunicaron con el 134. Hubo luego numerosas entrevistas por el interior del país para recabar la información que a la luz de los hechos, en los casos de aportes telefónicos, resultó más especulativa que veraz. Dos personas, sin embargo, reclamaron formalmente cobrarla en febrero y marzo de este año.

Seis meses después de que se le remitiera al juez Gustavo Lleral un pedido para que informara si los datos aportados por personas al programa Buscar habían sido relevantes para dar con el cuerpo de Maldonado, desde el juzgado señalaron que no.

«En ambos casos, se les contestó lo que informó el juzgado, rechazando el pago de la recompensa», indica Martí.

Es que para ser acreedor a este tipo de premio por información se deben seguir los protocolos y no plantear hipótesis, aunque luego se corroboren como certeras, sino brindar información precisa siempre que el informante no hubiera participado del delito investigado o sea funcionario público.

Actualmente el Ministerio de Seguridad habilitó gratificaciones para poder detener a 26 ex represores. Hay además, 30 prófugos en causas de delitos complejos, 35 búsquedas de paradero y otras 21 recompensas para quienes ayuden a resolver casos de delitos contra víctimas identificadas sin suficiente información que obre en la Justicia. Las recompensas parten de los $250.000 y llegan a $1.500.000.

Los más buscados

El premio es grande cuando el pez es gordo. Los datos sobre los paraderos de los dos sospechosos de haber asesinado en Neuquén al policía José Aigo en 2012—ambos integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco, (CAM) —tienen la máxima cotización. Ellos son los chilenos Jorge Antonio Salazar Oporto y Alexis Alfredo Cortés Torres.

Continúa luego, con $ 1.000.000, al que permita ubicar al militante de izquierda Sebastián Rodrigo Romero, fotografiado y filmado disparando con un arma tumbera el 18 de diciembre pasado en las cercanías del Congreso durante el debate de la reforma previsional.

Los irresueltos casos en las desapariciones de María Cash y de la niña Sofía Herrera también son premiados con $1.000.000 a quienes aporten datos que permitan el esclarecimiento del caso.

Y existen otros 21 casos irresueltos contra víctimas identificadas que se premian con $500.000.

En todos los casos, los fondos surgen de una partida especial para recompensas, incluida en el presupuesto nacional para el Ministerio de Seguridad.

Durante la gestión de Bullrich al frente de esa cartera, se incrementaron ostensiblemente los montos de las recompensas para hacer más atractiva la delación y se promocionó esa herramienta entre los jueces en causas complejas. Durante el kirchnerismo se pagaron unas 22 recompensas, la mayoría para ubicar a prófugos de delitos de lesa humanidad. Eso supone que en los 10 años en los que se instrumentó el sistema el Estado Nacional premió a 28 individuos por información.

Al mes de desatado el escándalo de los cuadernos, se extendió ese premio, mucho más suculento, a quienes ayuden a encontrar el dinero de la corrupción.

(infobae.com)