Cacerolazo en todo el país en rechazo a la liberación de presos
El reclamo contra la excarcelación de detenidos con la excusa del coronavirus se sintió con intensidad en ciudades de toda la Argentina. También en San Rafael se sumaron al reclamo.
En medio del rechazo generalizado a la liberación de presos, miles de personas en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país realizaron un cacerolazo en repudio a que los presos reciban el beneficio de la prisión domiciliaria con la excusa de la propagación de la pandemia del coronavirus.
En San Rafael fué liberado el abogado Gustavo Lorenzo, quien fuera condenado a 12 años de reclusión por abuso hacia su hijastra. El juez Ariel Hernández le permitió la libertad asistida. Lorenzo presentó un habeas corpus por depresión y asinamiento.
Video: Barrio Garbín San Rafael
Tanto en capital como en distintas ciudades y localidades bonaerenses, como Olivos, San Isidro, Martínez, Bahía Blanca, Mar del Plata, y en otras provincias como Santa Fe, Mendoza, Jujuy, Salta, Córdoba y La Pampa.
La protesta, que fue convocada por redes sociales desde el comienzo de la semana, se sumó a los reclamos que se sucedieron en los últimos días a la decisión de la Justicia de facilitar la salida de presos de las cárceles. El cacerolazo sumó el apoyo de familiares de víctimas de delitos graves, referentes del feminismo que se opusieron a la liberación de acusados por delitos sexuales, y dirigentes políticos oficialistas y opositores. Ayer por la noche el descontento se adelantó a la convocatoria original y se pudieron escuchar cacerolazos en barrios de la ciudad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba.
El malestar de buena parte de la ciudadanía quedó reflejado en la plataforma change.org, donde una iniciativa para solicitarle al Poder Judicial que desista de la idea de liberar reclusos tuvo muchas adhesiones: en poco más de dos días, la petición superó las 470 mil firmas y fue una de las solicitudes con mayor crecimiento del sitio.
En tanto, distintas organizaciones hicieron conocer su repudio. El Observatorio de Víctimas de Delitos repudió “la política de liberación y búsqueda de impunidad de detenidos por jueces que utilizan la pandemia del Covid-19 como pretexto”. El colectivo Actrices Argentinas rechazó la posibilidad de que, en el marco de la pandemia de coronavirus, se le conceda el beneficio de prisión domiciliaria a acusados o sentenciados por “femicidios, abusos, violaciones, violencia familiar o de género”.
El repudio también se hizo escuchar en defensores de derechos humanos, como la referente de Abuelas de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, a raíz del otorgamiento de la prisión domiciliaria a un condenado por crímenes de lesa humanidad. ““Que les den lavandina y limpien su calabozo. Si los tienen bien aislados no tienen por qué bajarles la condena”, sostuvo en relación a la prisión domiciliaria en favor de Carlos Capdevila, un médico que ofició de partero en el centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura militar en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
A través de su cuenta de Twitter, el presidente Alberto Fernández , afirmó que en el país, las decisiones judiciales dependen de los tribunales , pero indicó que las cárceles son “un ámbito propicio para la expansión” del contagio de COVID-19. “En el mundo muchos gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese riesgo”, comentó, y ejemplificó que “algunos han conmutado penas, otros han indultado condenas y otros han dejado el tema en manos de la Justicia».
“Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados”, sostuvo el mandatario. Y atribuyó a una “malintencionada campaña que se ha desatado en redes y medios de comunicación induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales”.
Hasta el momento, en la provincia de Buenos Aires se concedió la excarcelación de un número estimado de 1.400 detenidos alojados en prisiones y comisarías.
