Si se invirtieran 247 pesos por persona, las muertes maternas bajarían un 73% en tan sólo un año
Se trata de un cálculo realizado por la Comisión de expertos del Instituto Guttmacher de Estados Unidos y la revista británica de salud pública «Lancet» en un estudio sobre derechos y salud sexual y reproductiva. La suma de dinero debería ser usada en la atención prenatal, el parto y el postparto, en la provisión de anticonceptivos modernos y en el acceso al aborto seguro en países en desarrollo. La inversión también contribuiría a bajar en un 75% a los embarazos no.
Si un país como la Argentina invirtiera 247 pesos por año por persona en las necesidades de anticoncepción, embarazo, parto, y aborto seguro, el número de embarazos no planeados y el número de muertes maternas se reducirían en más del 73% en tan solo un año.
Así lo calcularon 16 expertos en derechos y salud sexual y reproductiva de la Comisión conformada por la prestigiosa revista de salud The Lancet y el Instituto Guttmacher, que se dedica la investigación científica sobre salud sexual y reproductiva en los Estados Unidos. El informe fue presentado en un auditorio del Senado de la Argentina, donde el 8 de agosto próximo se decidirá si se permite lainterrupción voluntaria del embarazo de manera legal.
El reporte fue realizado por expertos de todos las regiones del mundo, que revisaron estadísticas y trabajos científicos sobre el estado de situación de los derechos sexuales y reproductivos.
«Entre otras conclusiones de nuestro informe, se puede resaltar que en países en desarrollo, como la Argentina, donde la tasa de mortalidad materna es casi tan alta como la de Irak, es clave que se garantice el acceso a los servicios esenciales. Con una estimación global de tan sólo 247 pesos argentinos -en promedio-, se cubrirían las necesidades de anticoncepción moderna, la atención de la embarazada antes y durante el parto, la atención del recién nacido, y el aborto seguro si la mujer decidiera esa opción», dijo a Infobae Laura Laski, médica sanitarista argentina, ex jefa de la subdivisión de salud sexual y reproductiva de del Fondo de Población de Naciones Unidos, y una de las expertas que participó en el informe.
«La mitad de los 247 pesos estimados ya se está aplicando para cubrir el costo de los niveles actuales de atención y la inversión adicional generaría enormes beneficios», subrayó a Infobae la doctora en sociología Susheela Singh, vicepresidente de investigación internacional del Instituto Guttmacher y una de las coautoras del informe publicado en inglés en la revista de salud pública The Lancet. Al realizarse esa inversión por persona, la Comisión estimó que el porcentaje de embarazos no planeados bajaría en un 64%, los nacimientos no planeados en un 67%, y los abortos inducidos en el 67% en tan sólo un año.
Todas las medidas sugeridas se enmarcan en una nueva definición de la salud y los derechos sexuales y reproductivos que la Comisión presentó a los gobiernos, las agencias de Naciones Unidas, y la sociedad civil, en base a numerosos acuerdos internacionales y regionales. Afirma que la «salud sexual y reproductiva es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con todos los aspectos de la sexualidad y la reproducción».
No es sólo la ausencia de enfermedad, disfunción o dolencias. Significa que cada persona tiene que ser respetada por su cuerpo de manera integral, en su privacidad y en su autonomía personal; que puede decidir libremente su orientación sexual y la identidad y expresión de género. Además, reconoce que cada persona puede decidir si ser sexualmente activa y cuándo serlo. Que puede elegir a sus parejas sexuales, tener experiencias sexuales seguras y placenteras. Que puede decidir casarse o no, cuándo hacerlo y con quién. Que puede decidir si quiere tener hijos, cuándo y de qué manera tener uno o más hijos. Además, cada persona tiene derecho a tener acceso a lo largo de sus vidas a la información, los recursos, los servicios, y el apoyo necesario para lograr sus decisiones, libre de discriminación, coherción, explotación y violencia.
Los expertos de la Comisión Guttmacher-Lancet recomendaron la adopción de manera progresiva de un paquete esencial de medidas para que el respeto por los derechos sexuales y reproductivos sea una realidad, con prioridad en las poblaciones vulnerables y marginadas. El paquete incluye brindar educación integral en sexualidad, consejería sobre el uso de los anticonceptivos modernos, atención antes, durante y después del parto, servicio de aborto seguro y tratamiento de las complicaciones del aborto inseguro, y prevención y tratamientos del cáncer de cuello uterino, las infecciones del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.
También recomendaron brindar información y servicios sobre subfertilidad e infertilidad para personas que los necesiten, y consejería y servicios relacionados con la salud y el bienestar sexual. Para llevar a cabo esos cambios, la Comisión recomienda acciones de alta prioridad para los que están a cargo de formular políticas públicas como «apoyar cambios en las leyes, y en las normas sociales y estructuras que permitan a todas las personas comprender, proteger y alcanzar la salud y los derechos sexuales y reproductivos», asegurar fondos, y dar «acceso a servicios de aborto seguro y liberalizar las leyes de aborto donde sea necesario».
Además, la doctora Singh comentó a Infobae: «En América Latina y en todo el mundo, debemos reconocer que las necesidades de la salud y los derechos sexuales y reproductivos son universales. Hay pruebas que demuestran que el acceso a servicios de la salud sexual y reproductiva mejora la salud y la calidad de vida, promueve igualdad de género, fomenta productividad y aumenta los ingresos familiares. También se ven beneficios a través de varias generaciones gracias a los avances en la salud y el bienestar de los niños. Elegimos Argentina para presentar nuestro informe a nivel regional porque las recomendaciones del informe de la Comisión parecen particularmente relevantes en este momento. El proyecto de ley para legalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación que se aprobó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación en Argentina en junio pasado podría ayudar a lograr que esa visión se haga realidad en el país, donde el aborto clandestino es una de las causas principales de muerte materna«.
Con respecto a qué demuestra la evidencia científica sobre el aborto, la doctora Singh señaló que «los datos globales más recientes confirman la tasa de aborto promedio en lugares donde el aborto está prohibido por completo o solo se permite para salvar la vida de la mujer es de 37 abortos por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva. En cambio, en los países donde el aborto seguro es legal, la tasa es de 34 por 1.000. Es decir, no es cierto que reconocer el derecho al aborto legal haga que más personas reclamen más abortos». Agregó que las tasas más bajas de aborto en el mundo se encuentran en América del Norte y Oceanía, donde la mayoría de los países tienen leyes liberales de aborto. Y las tasas más altas de aborto en el mundo se encuentran en América Latina y el Caribe, donde más del 97% de las mujeres en edad reproductiva vive en países con leyes restrictivas de aborto.
Un tema del informe es el llamado a que los hombres sean involucrados máspara que apoyen la salud, los derechos y la autonomía de las mujeres. También se aconseja prestar atención a las necesidades de salud sexual y reproductiva de los hombres. «Hay que generar un cambio cultural para que los hombres apoyen la autonomía de las mujeres y sus decisiones. Ese es un cambio que se necesita en cada país del mundo. Los países escandinavos tienen buenas experiencias sobre el tema pero hay mucho para hacer todavía en esos países también. Se trata de un largo camino que recién empieza», resaltó la doctora Laski.
«Los datos difundidos por el reporte de la Comisión Guttmacher y Revista Lancet – dijo a Infobae la doctora en filosofía Diana Maffía, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, quien no participó en el informe difundido- son importantes si queremos tomar decisiones legislativas y de política pública basadas en evidencia y no en presunciones o dogmas. Así debería ser toda decisión racional que permite que todos los sujetos participen en el debate compartiendo sus datos, y no que un poder se imponga sobre otro. Es una prueba más de que invertir en salud es más barato y asegura mejor calidad de vida que invertir en enfermedad, especialmente cuando esos daños a la salud están producidos por omisión, como es el caso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y sobre todo el aborto -incluso el no punible, del que tenemos ejemplos terribles incluso en niñas y personas con discapacidad- que no reciben el tratamiento adecuado al que está obligado cualquier institución de salud, ya sea pública o privada».
Fuente: www.infobae.com
