La DGE capacitó en género y diversidad en San Rafael y Malargüe

Directivos y secretarios de San Rafael y Malargüe se capacitaron sobre herramientas de abordaje y normativas de género, diversidad y violencia de género en instituciones educativas. El objetivo es promover la eliminación de toda forma de discriminación por orientación sexual o identidad de género.

“Estos encuentros son espacios de retroalimentación y reflexión para que podamos entender que esta es una sociedad que requiere la participación de todos, y para aprender los nuevos paradigmas que plantean sociedades dinámicas y en construcción”, afirmó la capacitadora Verónica Fresneda, coordinadora del Área de Género y Diversidad de la Dirección General de Escuelas (DGE).

Precisamente, el Área de Género y Diversidad fue creada a fines de 2021, y, desde 2022, implementa múltiples propuestas de formación orientadas a las distintas áreas y niveles educativos.

Más adelante, Fresneda recordó que desde 2018 las escuelas cuentan con la Guía de Situaciones Emergentes, documento que contiene acciones sugeridas, de acuerdo con los casos que se adviertan como violencia, abuso, maltrato o consumo de sustancias peligrosas, entre otros. “En lo que se refiere a violencia de género, desde 2021 tenemos reglamentada la licencia por violencia hacia las mujeres, con muchas particularidades que la diferencian de otras licencias, algo que entendemos que es de gran avance para el reconocimiento de los derechos de las mujeres”, agregó la funcionaria.

Los encuentros de San Rafael están destinados a escuelas primarias y secundarias pertenecientes a la Dirección de Educación Técnica y Trabajo, mientras que en Malargüe la jornada es multinivel.

Sobre la normativa

La iniciativa formativa que trata la Ley de Protección Integral a las Mujeres 26485 también se enmarca en el deber de asegurar las condiciones de igualdad, derecho prescripto en el Artículo 16 de la Constitución Nacional; en la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 26061). Asimismo, en la necesidad de adecuar la normativa de las instituciones educativas para garantizar el respeto de los derechos humanos contenidos en las leyes nacionales 26150 de Educación Sexual Integral, 26618 de Matrimonio Igualitario y 26743 de Identidad de Género.

Además, también se sustenta en la Ley de Educación Nacional 26206, que en su Artículo 3º establece que “la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales…”. En su Artículo 8º que dispone que “la educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando la capacidad de definir su proyecto de vida basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común”.

Publicaciones Similares