Avanza el proyecto sobre capacitación en temas de género en clubes de Mendoza

El proyecto que impulsa la “capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en asociaciones civiles deportivas de Mendoza” logró la media sanción de la Cámara de Diputados.

La iniciativa, que lleva la firma de la diputada Giuliana Díaz (UCR), establece que las capacitaciones obligatorias deben brindarse a diferentes cargos de la comisión directiva de los clubes, a saber: Presidencia; Vicepresidencia 1°; Vicepresidencia 2°; Secretaría; Prosecretaría; Tesorería; Protesorería; Secretaría de actas; Revisoría de cuentas; Vocalías titulares; y Vocalías suplentes.

El texto considera “asociaciones civiles deportivas, a todas las personas jurídicas privadas constituidas legalmente que tengan por objeto el desarrollo de actividades deportivas comunitarias o sociales, recreativas, amateurs o profesionales en todas sus disciplinas”.

En este orden distingue a “asociaciones civiles de primer grado” que son aquellas “personas jurídicas privadas constituidas legalmente, originadas a partir del acuerdo fundacional de más de dos personas, cuyas actividades son llevadas a cabo sin fines de lucro”. Y las de “segundo grado”, que son las “personas jurídicas privadas constituidas legalmente, cuyas actividades son llevadas a cabo sin fines de lucro y que nuclean a más de una asociación civil de primer grado”.

Entre puntos importantes que tiene la norma, se establece que las personas que realicen el curso “deberán obtener el certificado emitido por la autoridad de aplicación, que acredite haber completado la capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres en el plazo máximo de doscientos cuarenta (240) días a partir de la entrada en vigencia de esta ley”.

La certificación de la capacitación “será requisito necesario para poder inscribirse como autoridad ante la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Mendoza, o el organismo que en el futuro la reemplace”.

Si hubiese personas que se nieguen a realizar las capacitaciones previstas o se excedan de los plazos previstos, “harán pasible a la asociación civil a la que pertenecen de ser sancionada con la imposibilidad de acceder a los subsidios y programas de beneficios” que se otorguen.