Norma Bravo operaba con la ayuda de empleadas del Schestakow
Es correcto remarcar que las autoridades del hospital público de San Rafael nada tienen que ver con la causa por estafas al Ejecutivo nacional cometida por una numerosa banda comandada por la falsa gestora Norma Bravo.
La mujer, hoy imputada por la Justicia Federal, tramitaba certificados de discapacidad para luego obtener pensiones de ANSES a cambio de dinero.
Claro está que no actuaba sola, tenía un aceitado mecanismo de «trabajo» en el que participaban abogados, médicos, personal administrativo del hospital Schestakow y otros colaboradores que la ayudaban con la logística.
A partir de un estrecho vínculo con empleadas del área de Salud Laboral del nosocomio conseguía los certificados médicos que daban cuenta de algún grado de discapacidad de los clientes que luego se verían beneficiados con pensiones. Allí entraban en escena los profesionales de la salud (dos traumatólogos y un psiquiatra) con sus firmas para certificar patologías inexistentes.
El papel de los abogados era el asesoramiento para que todo resultara prolijo y las carpetas fueran presentadas en total orden a las autoridades.
Hasta el momento son nueve las personas, con distintos roles, que integraban la banda. Todos son investigados por asociación ilícita y fraude a la administración pública. No obstante, no se descarta que en los próximos días otros sujetos queden pegados a la causa.
