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Tres veedores judiciales declararon que no hubo venta de acciones del grupo Indalo y de esa manera derrumbaron el principal argumento utilizado por el juez Julián Ercolini para detener a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Los veedores, designados en su momento por el juez comercial Javier Cosentino, sostuvieron que hubo una carta de intención de venta de acciones, pero no la venta en sí misma. Tal como declararon en su momento López y De Sousa ellos no querían ni podían vender Indalo porque eso requería de la firma del magistrado, por lo que todo lo que existía eran negociaciones y pasos hacia adelante, nunca la venta propiamente dicha.
El abogado de los empresarios, Carlos Alberto Beraldi, ya presentó un recurso ante la Cámara de Casación y la Corte Suprema y, además, afirma que el recurso ante el máximo tribunal debería derivar en la excarcelación de ambos empresarios, hasta que la Corte resuelva. Beraldi ya le pidió a la Cámara Federal –Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia– que permita que López y De Sousa esperen el fallo de la Corte en libertad, algo que hicieron en el caso de Roberto Baratta, el número dos de Julio De Vido.
Como se sabe, la Cámara de Casación –en un fallo express y a pedido de Mauricio Macri– ordenó la detención, sin juicio y sin condena, de López y De Sousa. Respaldaron así un fallo de Ercolini. La doctrina instalada es que los imputados tienen derecho a esperar los juicios en libertad a menos que exista riesgo de fuga o peligro de entorpecimiento de la investigación. Ercolini dijo en su momento que los dos empresarios trataron de eludir la inhibición de bienes dictada por la justicia y que vendieron Indalo a espaldas del magistrado, lo cual constituía una forma de entorpecer la causa. Ahora los veedores judiciales –Carlos Bianchi, Francisco Cárrega y Liuba Lencova Besheva, designados por Cosentino– afirmaron lo contrario: que no hubo venta, sino únicamente una carta de intención que luego se iba a requerir la autorización del juez. Bianchi, Cárrega y Lencova Besheva además hablaron de las asambleas en las que López y De Sousa seguían teniendo la voz cantante e incluso instaron a la renuncia de directores del grupo empresario.
Los veedores declararon en una causa que instruye Marcelo Martínez del Giorgi justamente sobre las supuestas maniobras. El magistrado ahora tendría que resolver pero todo hace pensar que con lo sostenido por los veedores se cae la denuncia por la supuesta maniobra de venta. Se caería también la razón principal de la detención de los empresarios. Sin embargo, habrá que ver qué sucede en Comodoro Py, tan permeable a las presiones político-mediáticas.
Fuente:www.pagina12.com
