Festejo oficial por la licitación para construir rutas: se presentaron 32 ofertas con precios menores a los previstos

Había ansiedad. Pero un vendaval de ofertas despejó las dudas que se habían instalado en las últimas semanas respecto de cuál sería el futuro de la licitación para entregar las concesiones de seis corredores viales mediante el régimen de participación público-privada (PPP).

Ayer a la mañana se abrieron los sobres con las propuestas económicas de los 10 consorcios -compuestos por 19 empresas nacionales y siete internacionales- que presentaron un total de 32 ofertas para los distintos corredores. Todas resolvieron seguir en carrera, aunque durante estos días se aventaron temores de que alguna decidiera quedarse fuera de la compulsa por la crisis cambiaria que llevó el dólar a poco menos de 25 pesos y generó el pedido de ayuda financiera al Fondo Monetarios Internacional (FMI).

Hubo varios datos que fueron interpretados como grandes logros puertas adentro de la Casa Rosada. El primero es que la suma de las ofertas para los seis corredores viales que salieron a licitación da como resultado un monto 33% inferior al valor que les había puesto Vialidad Nacional a esas obras. «Ese resultado y la dispersión de ofertas dan cuenta de que hubo mucha competencia. Hay casos en los que algunos grupos cotizaron por el mismo corredor prácticamente la mitad que otros», dijo una fuente oficial que sigue de cerca el tema.

Según los cálculos de Vialidad, que se reflejaron en los pliegos de costos estimados, todos los proyectos licitados requerían un desembolso de US$8058 millones. Los consorcios ofrecieron hacer las obras por US$5409 millones de valor presente neto.

Según los primeros números que se vieron, que no significa que sean los definitivos, las empresas que serían adjudicatarias serían Paolini-Vial Agro, CCA Civil Pananá-Green, Cartellone, Helport-Panedile, Copasa-Eleprint y el consorcio Robella Carranza-JCR-Mota Engil, esta última en la autopista Ezeiza-Cañuelas, que estaba en manos del empresario Cristóbal López.

«No siempre el más barato es el adjudicatario, ya que había restricciones de, por ejemplo, no ganar más de dos corredores. Entonces, lo que se privilegió es el menor costo total de las obras para el Estado», comentó una alta fuente oficial.

En el Gobierno hacían varias lecturas. «La primera, que hay inversores extranjeros que decidieron apostar por la Argentina a quince años. Además, este sistema nos permite construir obras que usarán muchas generaciones con dinero del sector privado. Hasta ahora solo podíamos construir lo que podíamos pagar al contado y con plata del presupuesto», destacó un funcionario.

La segunda es que, finalmente, se terminó con un proceso que se inició hace 30 meses con la escritura de la ley de PPP. Luego llegaron la discusión y aprobación en el Congreso, la regulación de la nueva normativa y, finalmente, la confección de los proyectos para ser ofrecidos mediante el sistema PPP. Hay 60 proyectos en carpeta por 26.000 millones de dólares para ser licitados, entre ellos la estación ferroviaria debajo de la 9 de Julio (RER), una red de alta tensión, el tren que une Vaca Muerta con Bahía Blanca y una planta de combustibles en Ezeiza y Aeroparque para evitar que los aviones tengan que abastecerse mediante camiones.

El sistema PPP tiene un andamiaje jurídico y financiero complejísimo, pero relativamente simple de explicar, al menos en sus grandes trazos. Una parte, el Estado, decide hacer una obra. Los grandes proyectos se pagan con plata del Tesoro, que es, indirectamente, dinero de los contribuyentes, o bien directamente con plata de los ciudadanos a través de una tarifa de concesión. En el caso de las PPP es dinero del Estado. Mientras en los esquemas tradicionales el Estado aporta a medida que la obra avanza -o debería hacerlo-, en el esquema llamado PPP el privado pone el dinero para realizar la obra. Hasta que termina la obra el riesgo es del privado.

Ahora quedan tres semanas para analizar las ofertas y decidir si efectivamente se hacen cargo de cada uno de los proyectos. La idea de Vialidad Nacional es lograr que a principios de junio estén todos los corredores adjudicados. ¿Qué pasaría si alguno decidiera no seguir? Pues será el segundo el que se quede con el corredor. «Hay ofertas muy cercanas a las primeras, por lo tanto si se caen vendrá la segunda opción», comentaron en la Casa Rosada.

Además, existe una garantía de alrededor de US$300 millones entre todas, que se gatillaría si se diera ese supuesto.

Después de esta ronda, en el Gobierno se ilusionan con mantener los cronogramas originales de las estructuras para entregar los corredores viales.La idea es que en julio los adjudicatarios ya estén a cargo de la obra y que en el próximo semestre ya se empiece ejecutar. «Octubre», dicen en la Casa Rosada cuando se pregunta cuándo empezarán las obras.Luego tendrán seis meses, con una prórroga de otros seis para quien la solicite, para que terminen de hilvanar todo el esquema financiero.Luego pretenden abrir la segunda de las etapas de los corredores viales.Según el cronograma original, entre septiembre y octubre adjudicarán el siguiente para, finalmente, arrancar en noviembre con la última.

Fuente:lanacion.com